Intercomuna

Loncoche. El día martes 18 de Agosto del presente mes, la Corte de Apelaciones de Rancagua decidió, por unanimidad, que el juicio contra Elena Varela, Sergio Reyes, y Kenny Sánchez se debía desarrollar en Loncoche. Ante la contundencia de los argumentos de los abogados defensores (Juan Guzmán y Fernando Monsalve), el fiscal Servando Pérez nada pudo hacer, sufriendo una derrota aplastante en sus pretensiones de realizar un juicio enmarañado y lleno de irregularidades en la ciudad de Rancagua. Ante tamaña derrota, la fiscalía de Rancagua nuevamente recurre a patrañas leguleyas y hace efectiva una maquinaria urdida con un funcionario de gendarmería con el propósito de entrampar mi traslado al sur y la búsqueda de generar prejuicios en los jueces que intervengan en él. Explico brevemente la situación. El día 11 de junio, aproximadamente a las 09:30 horas se desarrolla un operativo a cargo del jefe de agrupación de los módulos 80 que tenia como objetivo sacar del lugar a dos jóvenes internos que eran acusados por otro imputado de haberlo golpeado el día anterior. En ese marco se produce una controversia con un funcionario de gendarmería, quien reacciona de manera sumamente alterada a una respuesta poco adecuada de mi parte. Frente a tal reacción del funcionario solicito conversar con el jefe de sección, un teniente de apellido Parra. El funcionario sin aminorar su alteración me lleva a empujones hacia la oficina del teniente vociferando algo así como “a estos pichula de huesos sé como arreglarlos”. Creyendo que me tomaba por alguien ligado a delitos sexuales y en el ánimo de que se serenara para poder dialogar, intento explicarle que mi detención nada tenia que ver con delitos sexuales, que mi reclusión sólo se relaciona con el hecho de haber sido mirista. Sin embargo, como respuesta, este funcionario se me abalanza para señalarme al oído que me montaría una causa: acto seguido camina rápido hacia la oficina del teniente Parra, señalando a viva voz que yo lo había amenazado con poner una bomba en su casa. El teniente, sin mediar palabra, me manda a la guardia interna con otro funcionario, quien había presenciado en todo momento lo sucedido, teniendo claridad que nunca existió amenaza alguna. En la guardia interna, el oficial a cargo del procedimiento Teniente Eduardo Fuentealba, me toma una declaración que mal puedo leer por estar sin mis lentes ópticos, aunque de igual modo firmo y pongo el pulgar. Como resultado de todo esto fui derivado al modulo Nº 1 de máxima seguridad, con un castigo de 10 días aislado, con 23 horas de encierro y una hora de patio. Me parece importante señalar que existen personas que cumplen su función por vocación sin prejuicios infundados, con un trato digno hacia quienes estamos recluidos, me refiero al Teniente Bryan Silva, jefe de agrupación de máxima seguridad, junto con el cuerpo de funcionario que lo acompañan en esa labor. El día lunes 22 de junio fui trasladado al modulo Nº 12, que tiene como jefe de agrupación de imputados al Teniente Juan Torres, con el cual existe un trato distendido, comunicación y diálogo fluido, con gran altura de miras, como también con el cuerpo de funcionarios que lo acompañan. Toda esta relación en un marco de respeto mutuo, por lo que debo reconocer que son estos funcionarios los que dignifican y prestigian a Gendarmería de Chile. A dos (2) días de la rotunda derrota de la fiscalía en la Corte de Apelaciones y, a dos (2) meses y nueve días de los incidentes que dan lugar a un castigo arbitrario y alejado de los cánones de los derechos que tiene un imputado, se me lleva ante la presencia de un Juez de Garantía y se pretende realizar una audiencia de juicio simplificado por amenaza de muerte y postura de bomba al domicilio de un funcionarios de gendarmería. Ello ocurre sin que mi abogado haya sido notificado de tal audiencia, ni mucho menos de haber sido imputado. El hecho es que, la fiscalía ofreció 61 días de cárcel si asumía el ilícito, agregando que la pena estaría cumplida y podría ser trasladado al sur, según la resolución de la Corte de Apelaciones. Como es de esperar, rechacé rotundamente el “ofrecimiento” además de negar cualquier responsabilidad en esta maquinaria de mentiras. Cabe destacar que en este intento de audiencia de juicio simplificado, actuó como abogado de oficio el señor Cristian Godoy, el mismo a quien he denunciado por su total negligencia en la defensa de los derechos de Sergio Reyes. Al no prestarme para esta maniobra, se estipuló una nueva audiencia para el 5 de octubre del presente año, comprometiéndose el juez a notificar a mi abogado. No cabe sino rechazar una nueva estratagema de la fiscalía para mantenernos en prisión, incluso torciendo la mano a la Corte de Apelaciones de Rancagua. Llamo a todos quienes están preocupados por la defensa de los derechos humanos a iniciar una campaña de difusión que permita anular esta nueva maniobra de la fiscalía. KENNY SÁNCHEZ PRESO POLITICO CÁRCEL DE RANCAGUA